El subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Francisco Díaz Gil, indicó que el cambio de apoderados legales de Invergroup interrumpió el pago de indemnizaciones a los agraviados de la empresa, pues las negociaciones estaban por concluir.
Ante ello, señaló que el gobierno del estado le exigirá al dueño de la compañía, Edmundo Tiro Moranchel –actualmente recluido en el penal de San Miguel, al estar acusado de defraudar a unos mil 200 clientes por un monto de 150 millones de pesos– que acredite legalmente a sus nuevos representantes, ya que hasta el momento no lo ha hecho y sólo tienen conocimiento de que este puesto fue otorgado a Pilar y Abraham Méndez López, quienes también son apoderados de Sitma y han logrado muy pocos acuerdos con los agraviados de dicha empresa.
En tanto, a través de un comunicado de prensa, los ex apoderados legales de Invergroup, Fernando González Orduño y Elías López Pereyra, señalaron que ignoran las razones del empresario para la destitución de su cargo, pues tenían avances palpables en el resarcimiento del daño patrimonial; sin embargo, indicaron que respetan la decisión de su cliente, y se deslindaron de cualquier acuerdo al respecto generado a partir de ahora.
Negaron que la administración de los inmuebles que estaban destinados a indemnizar a los clientes haya sido irregular, lo cual pueden comprobar, y detallaron que entre los acuerdos que lograron están: se efectuó el pago en efectivo de 70 por ciento de ahorros de 116 agraviados, quienes otorgaron el perdón al empresario; se elaboraron cuatro proyectos de escrituras para entregar los terrenos de Montecristo, La Calera y la casa del corporativo, y se convino la entrega del dinero que había en dos cuentas bancarias.
El boletín refiere que con dichos planteamientos se iba a lograr la restitución de ahorros a 581 clientes, y textualmente dice que “se estaba en proceso de identificar y regularizar más inmuebles para el pago a los agraviados, ya que la propuesta era indemnizarlos para lograr la libertad del señor Edmundo Tiro”.
El documento agrega: “desde la remoción del cargo, nos deslindamos de cualquier responsabilidad en relación al manejo de los convenios y documentos generados con los agraviados para la restitución del daño patrimonial”.
Por su parte, el subsecretario de Gobernación señaló que las negociaciones entre Invergroup y los clientes se deben agilizar con el fin de evitar que se complique la relación entre los actores, sobre todo porque en este caso los bienes sí alcanzan para resarcir el daño patrimonial. Confió en que el empresario sea más serio en este tipo de decisiones y no remueva más a sus apoderados legales, pues ello retrasa las negociaciones.
Con respecto a Sitma, insistió en que el gobierno estatal no está dispuesto a otorgar un fondo público de indemnización para los defraudados de esta empresa. Lo anterior lo declaró después de que ayer, nuevamente, agraviados de financieras protestaron frente al Congreso local para exigir ello.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/06/18/puebla/eco107.php
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