Legisladores locales determinaron improcedente destinar recursos públicos para resarcir los daños que sufrieron ciudadanos que invirtieron dinero en las inmobiliarias Sitma e Invergroup, lo que generó protestas de los afectados, quienes sienten que se trata mejor a la gente que fue timada por la caja de ahorros Coofia.
Los argumentos que se han esgrimido para justificar por qué si se destinan recursos del erario para poder atender a los defraudados de Coofia son convincentes, toda vez que la legislación que rige a las instituciones financieras establece que esa posibilidad únicamente se aplica para cajas de ahorro, pero no para compañías inmobiliarias, como es el caso de Sitma e Invergroup; sin embargo, sí se percibe que existe un trato diferenciado.
En el caso de la caja de ahorros Coofia se ha avanzado en la atención de los ahorradores defraudados, pese a que no se ha detenido a ningún responsable de los ilícitos que ahí se cometieron.
En cambio, en Sitma e Invergroup se ha encarcelado a funcionarios y un accionista de dichas compañías, además de que se les incautaron bienes, pero no se ha hecho el esfuerzo necesario para atender las demandas de la gente engañada, cuando se supone que el aseguramiento de predios de esas empresas tiene por objetivo el buscar resarcir el daño que sufrieron ciudadanos que perdieron su dinero en dichas inmobiliarias.
El gobierno del estado y el Congreso local tienen que despolitizar estos conflictos y dar un trato equitativo a los defraudados en general, pues lo que está en juego es la aplicación de la legalidad, que se supone no debe tener ningún tipo de distingos.
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