Los defraudados de empresas financieras e inmobiliarias le solicitaron al gobierno entrante darle una respuesta favorable a sus demandas de restitución de ahorros e impartición de justicia para que sean aprehendidos a los responsables de los delitos.
Alejandro Tapia Cortés, Rafael Ramírez Hernández, Jesús Ramos Tepoz y Javier Palomar Gutiérrez, representantes de los agraviados de Sitma, Grupo de Bienestar Social La Paz e Invergroup, respectivamente, en entrevistas por separado, confiaron en que con el cambio de partido de la próxima administración haya mayor sensibilidad sobre el problema social generado por los fraudes. Agregaron que continuarán insistiendo en la búsqueda de alguna solución por parte de las autoridades locales actuales.
Alejandro Tapia señaló que espera congruencia por parte de la bancada panista que será mayoría en la próxima legislatura, pues en la actual ha impulsado la propuesta de la creación de un fondo público de indemnización, misma que ha sido rechazada por los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Afirmó que sólo se requiere de voluntad política para encontrar alternativas de solución a los fraudes, lo cual hasta el momento no ha tenido el actual gobierno.
Consideró que el triunfo electoral de Rafael Moreno Valle Rosas será mejor si su gobierno otorga salidas a sus demandas, pues para la consumación de las estafas existieron omisiones gubernamentales, tanto a nivel federal como estatal, por las cuales las autoridades deben responder.
Informó que este jueves los defraudados llevarán a cabo una protesta frente a las oficinas del Congreso local con el fin de exigir que los diputados locales aprueben la creación del fondo público de indemnización, el cual también será financiado con el dinero que resulte de la venta de las propiedades de las empresas. Añadió que de ese punto marcharán hacia la sede de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), para demandar celeridad en la consignación de las denuncias de fraude, así como mayores avances en el rastreo de los ahorros depositados en las empresas.
Por su parte, Rafael Ramírez señaló que buscarán un acercamiento con las nuevas autoridades locales y señaló que los agraviados están abiertos a las propuestas gubernamentales para el resarcimiento del daño patrimonial, siempre y cuando sean reales y viables.
Con respecto a la problemática del Grupo de Bienestar Social La Paz, afirmó que de acuerdo con el gobierno estatal, en un par de semanas iniciará la auditoría en la caja popular, con el fin de determinar el número de ahorradores perjudicados por la falta de pago lo cual se requiere para que pueda indemnizar el Fideicomiso Pago. Añadió que uno de los pendientes con los defraudados es la deficiente impartición de justicia.
Javier Palomar y Jesús Ramos, representantes de diferentes grupos de clientes Invergroup, señalaron que en caso de no haber respuesta a las demandas por parte de las autoridades, ya sea las actuales o las entrantes, continuarán con las movilizaciones sociales.
Indicaron que hasta el momento el gobierno estatal no le ha exigido a los representantes de la empresa resolver el fraude y ello ha ocasionado que Edmundo Tiro Moranchel –como presunto responsable del delito– pueda burlarse de los agraviados.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/07/08/puebla/eco212.php
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